El 23 de enero pasado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España comunicó el archivo de la denuncia presentada por dos ex trabajadoras del cantante, al declarar que no tenía jurisdicción para investigar el asunto.
La acusación, que mencionaba supuestos casos de abuso y agresión sexual por parte del artista, fue interpuesta a principios de enero. El caso cobró notoriedad pública tras la publicación de un reportaje conjunto de Univisión y el medio español elDiario.es, que reveló los presuntos testimonios de las víctimas.
Pocos días después de que se hiciera pública la denuncia, el tribunal español decidió cerrar el expediente al determinar que la Audiencia Nacional no tenía la competencia territorial necesaria para abordar los hechos.
El Ministerio Público había iniciado una investigación preliminar para determinar si tenía jurisdicción sobre el caso, dado que el cantante estaba involucrado y la denuncia se había presentado en España, pero finalmente concluyó que no era así.
La decisión se sustentó en las declaraciones de las denunciantes, quienes afirmaron que los presuntos abusos tuvieron lugar en República Dominicana y Bahamas, lo que excluye a España de tener la autoridad legal para investigar el asunto.
Este aspecto se ve reforzado por el hecho de que las denunciantes no son españolas ni han adquirido la nacionalidad española, mientras que el cantante tiene la nacionalidad dominicana. Según juristas expertos, la denuncia podría ser admitida en los tribunales dominicanos.
El jurista y académico dominicano Cándido Simón explicó a la Agencia EFE que la decisión de la Fiscalía se alinea con los requisitos legales necesarios para que la investigación pueda proseguir.
La Ley Orgánica del Poder Judicial en España establece, entre otros requisitos, que el denunciado debe ser ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar de los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una ‘conexión material con España’, como que las víctimas sean españolas o residan en el país, subrayó Cándido Simón.
Desde la perspectiva legal, se ha indicado que la jurisdicción adecuada para investigar la denuncia presentada por una de las ex trabajadoras de Julio Iglesias corresponde a República Dominicana, donde supuestamente ocurrieron los hechos. Para el jurista español Simón, la decisión de la Fiscalía fue ‘correcta’ desde el punto de vista legal.
El abogado penalista dominicano y profesor de Derecho Penal, René del Rosario, comentó a EFE que las denunciantes pueden acudir a la Fiscalía de Higüey —cabecera del municipio de La Altagracia, donde se ubica Punta Cana— y presentar una denuncia o querella. Además, indicó que el Ministerio Público, al ser una acción pública, también puede iniciar una investigación de oficio.
Sin embargo, advirtió que el caso tendría ‘pocas posibilidades’ de avanzar en República Dominicana, debido a la dificultad de conseguir pruebas científicas que respalden los hechos denunciados, que supuestamente ocurrieron en 2021.
‘En Derecho y Medicina es arriesgado hacer pronósticos’, señaló, pero añadió que, en este tipo de situaciones —incluso sin el perfil mediático de Julio Iglesias—, las acciones legales rara vez prosperan debido a la dificultad de establecer los hechos de manera contundente, especialmente cuando el acusado los niega.
A pesar de que Julio Iglesias posee la nacionalidad dominicana y una de las denunciantes también es originaria de ese país, hasta el momento las autoridades locales han permanecido al margen del caso.
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