Después del histórico sold out, los seguidores de la boy band denunciaron irregularidades en el proceso de compra y pidieron a autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la boletera responsable de la venta de boletos que aclaren la situación.
Frente a la ausencia de una respuesta rápida y el aumento de anuncios de reventa de boletos para los conciertos del grupo de K-pop, los fans conocidos como ARMY iniciaron una campaña de sabotaje contra los presuntos revendedores, quienes han sido expuestos en redes sociales.
De acuerdo con medios mexicanos, en solo 40 minutos se habrían vendido todos los boletos para las tres fechas de los conciertos de BTS. Horas más tarde, los anuncios de reventa llevaron al fandom a convocar un boicot debido a las irregularidades en la compra y los altos precios de los boletos en reventa, según destaca N+.
Medios como El Universal reportan que los seguidores de la agrupación de K-pop presentaron quejas ante Profeco sobre las irregularidades en la plataforma de venta. Ante la falta de respuesta, esto se transformó en una campaña destinada a exhibir y perjudicar a los revendedores.
A pesar de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó haber enviado una carta diplomática para solicitar más conciertos en el país, los seguidores manifestaron que lo que realmente buscan es claridad en el proceso de compra y explicaciones, según lo citado por El Universal a Melissa Salinas, administradora de uno de los fanbases más antiguos de BTS y ARMY en México.
Pocas horas después, Profeco anunció que comenzaría un procedimiento legal contra Ticketmaster por la falta de claridad en el proceso de venta, según lo destaca el medio. Sin embargo, los fanáticos intentaron visibilizar el problema relacionado con los precios de los boletos en reventa, que superan los 100 mil pesos mexicanos.
En las redes sociales, los fanáticos empezaron a compartir nombres, números telefónicos y otros datos personales de los supuestos revendedores, lo que llevó a otro grupo a tomar acciones en su contra.
Según reportes de medios mexicanos, este grupo inscribió a los revendedores en universidades, realizó suscripciones y, en algunos casos, solicitó tarjetas de crédito y préstamos a nombre de los revendedores mencionados.
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